Hasta las dependencias de La Moneda y Dirección General de Aguas (DGA), en la región Metropolitana, llegaron representantes de comunidades en el Maule y Ñuble, con el objetivo de denunciar la contaminación en sus ríos y manifestar la “profunda preocupación” frente a la presencia de plaguicidas altamente peligrosos en sus territorios y aguas.  Junto a organizaciones socio-medioambientales de la zona centro y sur del país, además de académicos que han desarrollado mediciones al respecto, se entregó la información respectiva al director de la DGA, “solicitando abordar con urgencia”  la contaminación producida por el empleo de plaguicidas en estas regiones y que decantan, luego,  en los esteros y ríos del sector.

Así, además de “exigir la  fiscalización de esta situación a la Superintendencia de Medioambiente (SMA)”, se demandó la realización de nuevos “análisis de residuos de plaguicidas en el agua superficial, en las cuencas donde se detectaron estos agroquímicos”.  Las agrupaciones e invesigdores solicitaron, también, un monitoreo continuo de las aguas superficiales y subterráneas, cuestión que debiera implicar un esfuerzo conjunto por parte de los ministerios de Obras Públicas (MOP), Medio Ambiente (MMA), Salud (MINSAL), Agricultura (MINAGRI) y  Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros actores. 

AGRICULTURA Y DESIGUALDAD

Entre marzo y abril de 2024, investigadores Fondecyt en la zona tomaron muestras y realizaron mediciones acerca de la presencia de plaguicidas en ríos en ríos de Maule y Ñuble, revelando “resultados preocupantes”.  Esto, pues se observó la alta concentración de diuron y fosetyl-Al en los ríos Putagán-Loncomilla (Maule), Ñiquén (Ñuble) y Changaral (solo Fosetyl-Al; Ñuble).

El estudio señala que el agroquímico “diuron” se aplica en octubre y noviembre, por lo que llama poderosamente la atención la detección de esta sustancia en los meses de marzo y abril, lo cual “enciende las alarmas” sobre eventules “malas prácticas en el uso de este y otros agrotóxicos detectados también en estudios e investigaciones anteriores”.  Cabe mencionar que la afectación denunciada por el proyecto de investigación titulado “Agricultura y re-producción de desigualdades socioecológicas en contexto de crisis hídrica: Análisis sobre la expansión agroexportadora en el Valle Central de Chile”, tiene un impacto en todos los ecosistemas y sus formas de vida, también en la especie humana.  Tanto así que el herbicida diuron está clasificado como agente cancerígeno, también, por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la cual identificó riesgos preocupantes también para aves y mamíferos, plantas terrestres, peces, invertebrados y plantas acuáticas.

Por lo anterior es que la EPA ha recomendado “poner fin a todos los usos de diuron en cultivos destinados a la alimentación humana y animal”. Del mismo modo, la Unión Europea (UE) ha objetado el uso de diuron, enlistándolo oficialmente como “no aprobado”, en tabto, el fungicida Fosetyl-Al se encuentra clasificado como nocivo para los organismos acuáticos, con efectos prolongados, por lo que se advierte “evitar su liberación al medio ambiente”.

HALLAZGOS REITERADOS Y RELEVANTES

La carta entregada por académicos, investigadores y represnetantes de organizaciones sociomedioambientales señala el impacto del empleo de estos agroquímicos, refiriendo incluso a la legislación europea vigente, la cual ha restringido el uso de fosfonatos y prohibió el Fosetyl-Al en la agricultura ecológica.  Sobre los plaguicidas presentes en las aguas, se ha denunciado la “falta de normas y estudios por parte de organismos reguladores del Estado”.

Cabe señalar que en la actualidad existen protocolos y regulaciones para aguas, los que fijan criterios de calidad de estas, como el Decreto 90 (2000), el cual regula las descargas de contaminantes vertidas a ríos, lagos y mares chilenos.  Del mismo modo, el Decreto Supremo nº 735 en Salud (1969) reglamenta los servicios de agua destinados al consumo humano y la norma 409/1 (2005) establece los requisitos de calidad que debe cumplir el agua potable en todo el territorio nacional.  Pues bien, ninguna de las regulaciones y normas mencionadas contempla a los plaguicidas registrados en el país y en la actualidad, según los investigadores, “se encuentra fuera de los necesarios monitoreos” y “tampoco incluyen para su monitoreo a los plaguicidas persistentes en agua, suelos o sedimentos y/o muy tóxicos para organismos acuáticos”.

Es por ello que la óptima e integral fiscalización se torna urgente para los habitantes del campo en el valle central, y vital para algunas especies, pues el  uso de plaguicidas en el país asciende a más de 73 mil toneladas anuales, concentrándose en gran parte en las regiones del Maule, Ñuble y O´Higgins; no habiendo normas actualizadas al respecto, que permitan medir la contaminación de plaguicidas en aguas de estos territorios.

“La falta de normativas para plaguicidas en cuerpos de aguas deriva en la falta de monitoreos, un mal diagnóstico del problema y en ausencia de políticas públicas orientadas a la prevención de riesgos y protección de la salud y el ambiente”, señalaron los investigadores.  Es por la gravedad del caso que las comunidades exigieron a la DGA que establezca con urgencia normas primarias y secundarias de calidad de agua, que incluyan a los plaguicidas registrados en el país y se establezcan los límites máximos de residuos para ellos.

Según los investigadores, queda en evidencia la presencia de plaguicidas en el sistema acuático con serios riesgos para animales, peces, microalgas, biota acuática y la población afectada”, por lo que resulta importante señalar la relación directa que tiene con el sistema actual de producción agrícola, cuyo énfasis está puesto en la exportación y el rendimiento económico, generando serios impactos en los territorios donde se desarrolla la agroindustria, la cual ha acompañado la agroexportación con el alto consumo de plaguicidas, provocando la degradación de la calidad de agua y, finalmente, la vida de las personas y seres vivos.